Río Cuarto .- El Concejo Deliberante aprobó un proyecto que prevé la aplicación de multas de hasta 70 mil pesos a las empresas constructoras que provoquen perjuicios a viviendas colindantes.
La medida no es retroactiva, pues los fondos que se recauden no serán destinados a refaccionar las casas afectadas, razón por la cual los vecinos que ya han sido damnificados deberán recurrir a la Justicia.
Por esta situación que fue creciendo en los últimos tiempos, en la Defensoría del Pueblo se recibieron en el último año más de 100 denuncias de frentistas afectados.
Si bien, los vecinos denominados autoconvocados, cuyas viviendas fueron afectadas de manera directa por la construcción de edificios en altura, pedían que se interrumpieran todas las obras vinculadas a la propiedad horizontal, la petición careció de eco favorable en el Parlamento local.
La propuesta fue rechazada por los concejales de las dos bancadas por el grave impacto económico y social que esta situación provocaría.
Como contrapartida, si se avanza en la discusión de frenar nuevos proyectos e instalar la discusión de cambios en los códigos de Edificación y Planificación Urbana. Al mismo tiempo, se logró consenso para lanzar una convocatoria al consejo consultivo para que trate la modificación del Código de Planteamiento.
Cabe destacar que la última modificación del Código de Planeamiento Urbano data del año 2002, ciclo en el que bajo ningún aspecto se avizoró este boom de la construcción, que tomó impulso hace cuatro años, y aún no llegó a su techo.
Desde el bloque opositor de Unión por Córdoba, plantean revisar durante los próximos 180 días todas las normativas vigentes.
El paquete de medidas que ahora toma forma, sólo ha sido posible por la contundente movilización de los vecinos que desde hace tiempo siente el impacto de las nuevas construcciones sobre sus propias viviendas. Los más de 800 frentistas afectados dijeron basta, y por eso, entre las disposiciones más relevantes, se determinó que los montos que las constructoras deberán abonar en concepto de multa por fallas en el cumplimiento de la legislación vigente que regula la construcción, irán desde los 700 pesos hasta los 70 mil, dependiendo de la escala que se le otorgue a la gravedad de las faltas cometidas por las empresas, en perjuicio de los vecinos colindantes.
Antes de esta modificación, el máximo de una multa a cualquier construcción irregular apenas llegaba a los 4 mil pesos.
Más inspectores de obras
En la actualidad, son sólo cuatro los inspectores que ejercen el control y poder de Policía del municipio en las distintas obras privadas de la ciudad. Graciela Saracho, concejala oficialista, habló respecto a la falta de personal para el control de obras: “Tenemos el compromiso de la Secretaría de Desarrollo Urbano de aumentar en un número considerable la cantidad de inspectores, para llegar rápidamente al control de cada una de las empresas, para tener la seguridad de que se ejerce ese poder de Policía que tiene la Municipalidad de hacer cumplir a rajatabla las normativas vigentes en lo que respecta a construcciones”, aseguró. A partir de este nuevo sistema las empresas deberán presentar los planos en condiciones antes de empezar las obras, de manera contraria se labrarán multas de carácter irrevocable. A las empresas reincidentes en faltas, se les duplicará la multa y en un futuro no serán contratadas por el Estado municipal para algún tipo de obra.
